Medio Ambiente presenta anteproyecto de revisión de norma para termoeléctricas que eleva exigencia

En el marco del proceso de descarbonización de Chile y alcanzar la carbono neutralidad a 2050, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) presentó un anteproyecto para revisar la norma de emisión para las centrales termoeléctricas existentes y nuevas, el cual busca elevar los límites máximos de emisión de contaminantes.

El subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño, explicó que el proceso de revisión de la norma vigente -decreto 13- de 2011, comenzó en 2020, pero “no hubo muchos avances (...) lo retomamos y lo incluimos como una prioridad dentro de nuestro programa de regulación ambiental, el cual ya fue publicado en el Diario Oficial”.

El anteproyecto, que está en fase de participación ciudadana, establece límites más estrictos para las emisiones de Material Particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) -estos dos últimos gases de efecto invernadero- y agrega metales pesados.

Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente.

Los nuevos estándares se aplicarían a las unidades de generación eléctrica -calderas o turbinas-, con una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt, y a las termoeléctricas que operan con combustibles sólidos -como carbón o biomasa-, líquidos -diésel- y gas natural.

En el caso de las fuentes existentes -y en construcción- se reduce el límite permitido de material particulado de 50 miligramos por metro cúbico en condiciones normales (mg/Nm3) a 30 mg/Nm3. En tanto, el SO2 pasaría de 400 mg/Nm3 a 200 mg/Nm3 y los NOx de 500 mg/Nm3 a 200 mg/Nm3.

Para las fuentes nuevas, el anteproyecto solicita recortar el límite permitido de MP de 30 mg/Nm3 a 10 mg/Nm3, y el SO2 y el NOx de 200 mg/Nm3 a 120 mg/Nm3.

Estándar europeo

El anteproyecto también incluye límites a las emisiones de los metales pesados níquel y vanadio, que no están presentes en la normativa actual, y que regirían tanto para fuentes existentes como nuevas. Además, en el caso del mercurio, el único metal que estaba normado, establece un límite más estricto de 0,1 mg/Nm3 a 0,005 mg/Nm3.

Proaño señaló que los nuevos índices se basan en el estándar europeo y que el objetivo es homologar la norma local a lo que utilizan estas industrias en Europa, lo que es “algo ambicioso, pero necesario para lograr una transición socio ecológica justa y que todas aquellas zonas que históricamente se han visto afectadas por la contaminación, tengan una mejor calidad de vida”, dijo.

Etapas del proceso

El anteproyecto entró a consulta pública el 19 de junio pasado, proceso que concluye el 14 de septiembre.

Proaño explicó que tras esta etapa, el MMA tiene un plazo de 120 días hábiles para diseñar y presentar el proyecto definitivo de la norma.

Posteriormente, deberá pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y la toma de razón en la Contraloría para que quede lista para su publicación, lo que se espera que ocurra durante el primer semestre de 2024.

Con estas etapas listas, la normativa establece que el 1 de enero del año siguiente a su publicación, comienzan a entrar en vigencia los nuevos estándares para las termoeléctricas, por lo que estos empezarían a regir desde el 1 de enero de 2025. Además, el decreto determina plazos diferenciados para las fuentes emisoras existentes dependiendo del contaminante, los que tendrán períodos de implementación de entre uno a cinco años desde que empieza a regir la norma actualizada.

El subsecretario comentó que para la implementación operará el principio de progresión en materia ambiental, es decir, que será gradual, lo que daría tiempo a las empresas para adquirir nuevas tecnologías: “Esto para nosotros es el puntapié inicial, considerando que esta industria en general no internaliza los efectos que se generan en la salud de las personas”, dijo.

Impacto en la industria

Previo a la consulta, el MMA creó un Comité Operativo, en el que participan actores el sector privado, el Coordinador Eléctrico y organizaciones de la sociedad civil.

Proaño comentó que la respuesta de la industria ha sido “favorable”, donde “se ha visto un consenso generalizado de los estándares propuestos. Las inquietudes han ido más bien en línea con los tiempos de implementación y la relación con el cronograma de descarbonización del país”.

El subsecretario afirmó que estos nuevos estándares de emisiones afectarían a 40 centrales, las que representan un total de 83 unidades fiscalizables. La mayoría pertenecen a Enel, Engie, Prime Energía y AES Chile.

A la fecha, la única que ha presentado una observación en el proceso de consulta pública es Guacolda, termoeléctrica ubicada en Huasco, región de Atacama, propiedad de la gestora de inversiones Capital Advisors.

En ella señaló que el anteproyecto “carece de los fundamentos técnico-económicos para convertirse en una actualización normativa, pues su Análisis General de Impacto Económico Social, demuestra que los costos de implementación superan en once veces sus beneficios esperados”.

También agregó que la aplicación del anteproyecto “atenta contra el Plan Voluntario de Descarbonización del Sistema Eléctrico Nacional, al introducir señales que pueden llevar a un cierre obligado de centrales, lo que afectará la transición energética en los términos en que actualmente está en desarrollo”.